Gobierno del Frente Popular

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Poco antes de entregar el poder a Azaña, el 19 de febrero, Portela Valladares (presidente del gobierno en funciones), le había dicho el secretario en funciones del PSOE, Juan Simeón Vidarte, que había habido una amenaza seria de golpe militar.

A las, 3,30 de la mañana del día 17, al conocerse los primeros resultados de las elecciones, Gil Robles había ido a ver a Portela para tratar de persuadirle de que no entregase el poder a la izquierda victoriosa. El líder de la CEDA le dijo al primer ministro que el triunfo del frente popular significaba la anarquía y le pidió que declarase el estado de guerra. Al mismo tiempo mandó a su secretario particular, el conde de Peña Castillo, a que consiguiese que Franco, que seguía siendo jefe del Estado Mayor, presionara sobre Portela para que éste apelase al ejército. Cuando Portela se negó, continuaron los esfuerzos para organizar la intervención militar. El general Goded intentó sacar las tropas del cuartel de la Montaña, de Madrid, pero los oficiales de ese cuartel y de otras guarniciones se negaron a rebelarse sin la garantía de que la Guardia Civil no se les opondría.

Franco mandó un emisario al general Pozas, director de la Guardia Civil, pidiéndole que se uniese al levantamiento. Pozas se negó, y Franco, desde su despacho del Ministerio de la Guerra, intentó que los jefes locales declarasen el estado de guerra. Éste llegó a declararse en Zaragoza, y en Huesca y Granada se hicieron preparativos en el mismo sentido. Sin embargo, no respondieron los suficientes jefes locales, sobre todo porque Pozas rodeó con destacamentos de la Guardia Civil todas las guarniciones sospechosas.

Tal como se desarrollaron los acontecimientos, la consecuencia principal de estos incidentes fue que Portela se alarmó y quiso entregar el poder inmediatamente a Azaña, sin esperar para dimitir a la apertura de las Cortes. En contra de su voluntad, Azaña se vio forzado a aceptar prematuramente el poder la tarde del 19 de febrero.

En el Gobierno sólo había republicanos, tal y como había pactado Azaña con los socialistas antes de las elecciones, sobre todo porque los socialistas (concretamente el sector caballerista) rechazaron la posibilidad de volver a formar un gobierno de coalición con los republicanos. Nueve ministros eran de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana y había también un independiente, el general Carlos Masquelet, antiguo asesor de Azaña en los primeros años de la República, a quien ahora nombró ministro de la Guerra. Era un Gobierno moderado, formado por catedráticos y abogados en su mayoría. En las primeras declaraciones, Azaña pidió unión bajo una misma bandera “en la que caben los republicanos y no republicanos, y todo el que siente amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida”.

El nuevo gobierno de Azaña pretendía cumplir con el programa, que consistía básicamente en retomar las reformas del primer bienio. Concretamente, además de la amnistía de los encarcelados por la insurrección de Asturias, pretendía proseguir con la reforma agraria, el restablecimiento del Estatuto catalán y la tramitación de otros nuevos, como el de Galicia y el País Vasco; también se llevó a cabo el alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares.

Por otro lado, tanto CEDA, Renovación Española, los carlistas y la Falange compartían la misma decisión de establecer un Estado corporativo y de destruir las fuerzas efectivas de la izquierda. Todos ellos servían a la oligarquía terrateniente e industrial, puesto que su financiación dependía de ella y todas sus actividades políticas iban dirigidas a la protección de sus intereses; de hecho Gil Robles amenazaba con la guerra si el gobierno no abandonaba la reforma de la estructura económica y social, reforma que atentaba claramente contra los privilegios de dicha oligarquía.

El 12 de marzo los falangistas intentaron matar a Luis Jiménez Asúa. Cuatro días más tarde la casa de Largo Caballero fue incendiada. Los ataques a dirigentes socialistas, como Jiménez de Asúa y Largo Caballero, tenían claramente la finalidad de provocar represalias. Los falangistas y la JAP (juventudes de la CEDA) fueron los principales encargados de crear un clima de tensión y de inestabilidad en las calles. La JAP al igual que la Falange había dejado meridianamente claro que no creía en el sufragio universal ni en el parlamentarismo, ni en la democracia. Pretendían, ahora que habían perdido las elecciones y no podían dinamitar la democracia desde dentro, crear un clima de violencia e inestabilidad que permitiera desacreditar al gobierno y mostrar la necesidad de un régimen dictatorial. En consecuencia, la izquierda se sintió furiosa cuando Gil Robles fue a ver al ministro del Interior, Amos Salvador, el 17 de marzo para protestar por el desorden.

Que hubo desorden está claro, pero sus dimensiones fueron inmensamente exageradas por la prensa de derechas y en los discursos parlamentarios de Gil Robles y Calvo Sotelo.

Hay un factor que no puede ignorarse. Sólo dos grupos podían beneficiarse, incluso en teoría, de la proliferación de violencia indiscriminada: la extrema izquierda y la derecha «catastrofista». Los comunistas estaban totalmente preocupados durante 1936 por ampliar su apoyo entre las clases medias como parte de la táctica del frente popular impuesta por Moscú. Esperaban también hacerse con gran parte del movimiento socialista a través de la unificación con la izquierda del PSOE. No les interesaba ocupar el poder en medio de un colapso total del orden público. Los anarquistas estaban dispuestos a utilizar la violencia ocasional, pero esto no caía dentro de su estrategia revolucionaria global. Dentro del movimiento socialista, tanto El Socialista como Claridad pedían constantemente a sus lectores que ignorasen las provocaciones derechistas.

Al haber ganado las elecciones, ninguno de los componentes del frente popular necesitaba provocar la violencia para hacerse con el poder.

En cualquier caso, ese levantamiento que tanto esperaba y promovía la derecha reaccionara se produciría finalmente el 18 de julio, con las consecuencias que todos conocemos.

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