La Constitución Republicana de 1931

El 9 de diciembre de 1931 se promulgó la Constitución española de 1931, una de las más democráticas y progresistas de nuestra historia.

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El 14 de abril de 1931 se había proclamado la Segunda República española, una república que llevaba inscrito en su código fundacional el intento de resolver los problemas que históricamente habían marcado la vida política española: la forma de Estado, la organización territorial, la cuestión social y el rol de la religión en la vida pública. El nuevo Estado ansiaba acabar con esos problemas endémicos y poder compararse a las democracias de su entorno en términos de libertades públicas y derechos sociales. La joven democracia española tenía la vocación de construir una sociedad más libre, igualitaria, solidaria, participativa y responsable, y esta vocación se manifestó en el texto constitucional, pues los dirigentes republicanos poseían una inquebrantable fe en el Derecho como instrumento y motor de transformación social.

La Constitución de 1931 contenía lo máximo a lo que se podía llegar por la vía del reformismo en la España de la época en términos de políticas sociales y avances democráticos.

Que estas medidas fueron inaceptables para los sectores tradicionales anclados en la defensa de sus privilegios sociales, económicos e ideológicos lo prueba el trágico destino de la Segunda República.

El 28 de junio de 1931 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes que supusieron una aplastante victoria de los partidos que formaban el Gobierno Provisional.

Las Cortes eligieron a los 21 miembros de la Comisión de Constitución que iban a redactar el proyecto de Constitución que debatiría la Cámara, fue una Comisión heterogénea, en la que se hallaban representados todos los grupos de la Cámara, y estuvo presidida por Luis Jiménez de Asúa, prestigioso catedrático de Derecho penal e ilustre político socialista.

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Luis Jiménez de Asúa

Esta Comisión compuso la ley fundamental para la República española en tan sólo veinte días (se tardó 3 meses y medio en hacer la Constitución alemana de 1919, por poner un ejemplo).

Un mes antes de las elecciones constituyentes, el gobierno había nombrado una comisión jurídica asesora, presidida por el prestigioso jurista y político democristiano, Ángel Ossorio y Gallardo, la cual redactó un anteproyecto que aho

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Ángel Ossorio y Gallardo

rró mucho tiempo en la faena apresurada que tenía la Comisión de Constitución de redactar el proyecto constitucional que debatiría la Cámara.

La Constitución española de 1931 se enmarca en el llamado“neoconstitucionalismo” surgido en el periodo de entreguerras, que encuentra su expresión más influyente en Weimar, y que empapó los textos constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, consolidándose una nueva cultura constitucional que pone el acento sobre todo en la normatividad de la constitución, norma que vincula jurídicamente tanto a los poderes públicos como a los propios ciudadanos.

El Título preliminar de la Carta Magna establecía importantes principios: El primero es el de la definición de España como una República democrática de trabajadores de toda clase cuyos poderes emanan del pueblo; el art. 2º consagra la igualdad; el 3º, el laicismo estatal; el 4º, el idioma; el 5º, la capitalidad; el 6º y el 7º tienen envergadura internacional; en el 6º se declara el pacifismo de España, y en el 7º, el valor de las normas internacionales.

El Título Primero se denominó “Organización nacional” y en él no se quiso establecer una República Federal pues a juicio de la Comisión tanto el unitarismo como el federalismo estaban en franca crisis teórica y práctica. En su lugar se estableció un Estado integral,  en el que fueran compatibles, junto a la gran España, las regiones, y haciendo posible, en ese sistema integral, que cada una de las regiones recibiera la autonomía que merece por su grado de cultura y de progreso, pudiendo unas optar por quedar unidas y otras tendrían reconocido su derecho a vivir autónomas, si así lo desearan, en función de su mayor o menor grado de autodeterminación.

El Título II trataba de la nacionalidad,  consignando en los artículos de este título quiénes son españoles, cuándo se adquiere y se pierde la nacionalidad.

El Título III contiene la parte dogmática de la Constitución: los derechos y deberes de los españoles. Para los constituyentes era una parte tan importante o más que la parte orgánica, no pretendían unas meras declamaciones de derechos sino verdaderas declaraciones, con garantías seguras a los ciudadanos contra eventuales ataques del Poder ejecutivo.

El Título IV trata de las Cortes. En él se optó por un sistema unicameral, prescindiéndose de una segunda Cámara, el Senado, y recelando de un pernicioso  sistema bicameral que obstaculiza las leyes progresivas y que, a veces, puede ser foco de disputas entre las dos Cámaras lastrando la buena marcha legislativa.

Los títulos V y VI versan sobre el Poder ejecutivo: la Presidencia y el Gobierno. Nos encontramos ante un sistema parlamentario. La regulación constitucional del Presidente de la Republica (Jefe del Estado y personificación de la Nación) está caracterizada por dotar al Presidente de la fuerza necesaria para no quedar en manos del Parlamento, pero sin que tenga el poder suficiente como para sucumbir a la tentación del presidencialismo. Se trató de establecer una síntesis entre el presidente fuerte y el presidente débil, en palabras de Jiménez de Asúa.

El Título VII versa sobre la Justicia. Este Título trató de configurar un Poder Judicial fuerte que sirviera de garantía al Estado de Derecho, rompiendo con el histórico modelo español de una Administración de Justicia sometida al Poder Ejecutivo. El presidente del Tribunal Supremo se elige por una Asamblea en que elementos del Parlamento y elementos de la sabiduría jurista cooperan a esa elección.

El Título VIII trata sobre la Hacienda Pública, cuyos preceptos buscan precisamente la garantía de que no se hiciera lo que se hizo durante la Dictadura anterior: dilapidar los caudales de la nación.

El último Título de esta Constitución, Título IX, trata de las garantías y reformas de la Constitución.  La Constitución republicana fue una de las primeras en confiar su defensa a un órgano creado ad hoc, siguiendo la estela del modelo kelsiano, pero sintetizando el sistema constitucional norteamericano, el de Juicio de Amparo de México y el de Conflictos de Francia. Este órgano, de composición amplia y heterogénea, tenía competencias para conocer de: El recurso de inconstitucionalidad de las leyes, el recurso de amparo de garantías individuales, los conflictos de competencia entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí…, entre otras competencias.

En cuanto a las garantías de reforma constitucional dan a esta Carta Magna el aspecto de constitución rígida por exigir mayores requisitos para ser reformada que los existentes en las Constituciones llamadas flexibles.

Estamos, en definitiva, ante una Constitución avanzada y netamente democrática, liberal y de gran contenido social, una Constitución que va directa al alma popular.  Y, como expuso Jiménez de Asúa, “es una obra conservadora, conservadora de la República”.

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  • Fuentes utilizadas:

Modelos de democracia en España. 1931-1978, de Rafael Escudero Alday.

Discurso de D. Luis Jiménez de Asúa, presentando el Proyecto de Constitución(Diario de Sesiones de las Cortes, 27 de agosto de 1931).

  • Autor: Jorge Noguera Vicente
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