La legalización del PCE

El 9 de abril de 1977 era legalizado el Partido Comunista de España con su inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio de la Gobernación, tras cerca de cuarenta años proscrito.

Durante el mes de enero de 1977, Carrillo y Suárez negociaron a distancia y a través de José Mario Armero y Jaime Ballesteros, del aparato del PCE en Madrid. El partido presionó para que se autorizaran sus mítines; el Gobierno, por su parte, instó al PCE a aprovechar su influencia en Comisiones Obreras para contener la militancia industrial. Sin embargo, la puesta en libertad de Carrillo y los indicios cada vez más sólidos de que el PCE iba camino de recuperar su estatus legal desembocaron en un despiadado contragolpe de la extrema derecha.

En respuesta a la amnistía y la creciente presencia pública del PCE, la derecha organizó iniciativas para bloquear el programa de reforma política de Suárez. Una de las más eficaces fue el misterioso grupúsculo GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), supuestamente marxista-leninista, que anunció su aparición con una campaña de atentados con bomba. Al menos tres ministros de Suárez —el general Manuel Gutiérrez Mellado (Defensa), Rodolfo Martín Villa (Interior) y Enrique de la Mata Gorostizaga (Sindicatos)—, además de miembros destacados del PCE, estaban convencidos de que en el GRAPO había infiltrados de la extrema derecha y elementos de la policía, o incluso de que había sido creado por ellos. El ascenso años después de uno de sus líderes, Pío Moa, como una exitosa celebridad derechista de los medios de comunicación, reconvertido en  pseudohistoriador filofranquista, renovó las sospechas. Moscú y Pekín se habían negado a reconocer al GRAPO.

El GRAPO afirmaba ser el brazo armado del antes inexistente Partido Comunista de España (reconstruido), una escisión de la Organización Marxista, uno de los grupúsculos pro chinos. Sabiendo que Suárez estaba en contacto con el auténtico PCE para su futura legalización en una España democrática, la única lógica de la acción del GRAPO era difamar a Carrillo y perjudicar al presidente a base de dar la impresión de que estaba poniendo en peligro los logros de Franco.

Como parte de la estrategia derechista de tensión terroristas ultras asesinaron a cinco personas, cuatro de las cuales eran abogados laboristas de signo comunista, en una oficina del barrio madrileño de Atocha. Los líderes del partido se dieron cuenta inmediatamente de que la intención era provocar una reacción violenta que acabara con cualquier posibilidad de legalización. Carrillo se negó a dejarse provocar y el PCE transmitió apelaciones a la serenidad. En el que había de ser un momento clave de la transición a la democracia, miembros y simpatizantes del Partido Comunista marcharon en silencio en una gigantesca muestra de solidaridad.

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Tanto Suárez como el rey, quien, según dicen, sobrevoló la marcha en helicóptero, quedaron profundamente impresionados por la demostración de fuerza y disciplina comunista. Sin duda, gran parte de la hostilidad hacia la legalización del PCE se desvaneció gracias a la contención con la que sus partidarios respondieron a la tragedia. Una delegación de líderes de la oposición negoció con Suárez y, a cambio de las promesas de acción contra la violencia del búnker, le ofrecieron una declaración conjunta de Gobierno y oposición para denunciar el terrorismo y hacer un llamamiento al apoyo nacional al Ejecutivo. El gesto significaba que Suárez había sido aceptado públicamente por la izquierda como miembro de las fuerzas democráticas de España. La sagacidad con la que Carrillo buscaba el objetivo inmediato de la legalización quedó ilustrada por su disposición a hacer todas las concesiones posibles a la corona. A cambio del estatus legal, se mostró dispuesto a reconocer a la monarquía, adoptar la bandera monárquica rojigualda de España y ofrecer su apoyo a un futuro contrato social. Esta asombrosa concesión fue iniciativa suya y relatada únicamente a sus colaboradores más próximos de la ejecutiva.

Para facilitar la legalización, los estatutos del PCE presentados ante la Junta de Fiscales Generales del Tribunal Supremo no fueron los entonces vigentes. El marxismo-leninismo, el internacionalismo proletario y la lucha por destruir el capitalismo eran conceptos ausentes en el texto remitido. De ese modo, Suárez podía asegurar que no traicionaba las garantías ofrecidas a los generales reunidos en septiembre. El 8 de abril, día de viernes Santo, el tribunal emitió un dictamen según el cual los estatutos no contenían nada que impidiera la inclusión del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas.

Tanto al rey como a Suárez les preocupaba que el grado de sentimiento anticomunista en el seno del Ejército constituyera un verdadero riesgo de golpe militar. Sin embargo, ambos sabían que sin la legalización del PCE no existiría una democracia plena en España. Era una apuesta enorme, pero necesaria. El 9 de abril, Sábado Santo, Suárez, erróneamente confiado en la aquiescencia del Ejército, anunció la legalización del PCE.

Carrillo estaba encantado con la culminación del «regreso a la superficie» comunista, pero todavía tenía un secreto que revelar y algunas explicaciones complicadas que ofrecer. El primer pleno legal del Comité Central se programó el 14 de abril, coincidiendo con el cuarenta y cinco aniversario de la fundación de la Segunda República. El increíble anuncio de que el PCE debía abandonar la bandera republicana causó consternación y cierta oposición. Según Carrillo, la decisión era inevitable, cosa cierta, ya que Suárez estaba esperando con ansia para ver si se cumplía la parte comunista del pacto alcanzado el 27 de febrero.

Presentando la medida como una demostración de «responsabilidad revolucionaria», insistió en que el PCE todavía se enfrentaba a un peligro considerable. En defensa de su moderación, preguntó retóricamente: « ¿Teníamos otra alternativa? ¿Cuál? ¿Sacar las masas a la calle, batirnos frontalmente contra el aparato del Estado? ¿Y a qué nos hubiera conducido eso sino a una derrota brutal que los primeros en reprocharnos serían quizá quienes hoy nos critican la moderación». Teniendo en cuenta la delicada naturaleza de la democracia en España, dijo que la desestabilización y la intervención militar eran un riesgo a evitar a toda costa.

El precio que pagó había sido alto, pero no tenía otra opción. Su pacto con Suárez pretendía impedir la marginación del PCE y que fuese eclipsado por el PSOE en las elecciones. No obstante, el abandono del compromiso del PCE con una república, o al menos con un referéndum sobre el futuro marco constitucional, conmocionó a muchos miembros de las bases. Por añadidura, el hecho de que Carrillo hubiera entablado negociaciones y tomado decisiones sin debatirlo con el resto de la ejecutiva, y mucho menos con el Comité Central, plantó las semillas de un grave conflicto futuro.

 

Pese al descontento latente, Carrillo se apresuró a preparar la futura batalla electoral. Otro paso en la senda hacia los comicios fue, el 25 de mayo, la presentación en Madrid de su libro Eurocomunismo y Estado.

Durante casi cuarenta años, el régimen de Franco, con la ayuda de la Iglesia católica y los medios occidentales, había tachado a los comunistas de torturadores y asesinos a las órdenes del Kremlin. Si el PCE iba a desempeñar un papel en la nueva democracia de España, Carrillo debía convencer al mundo de que él y sus seguidores no estaban esperando simplemente el cambio para construir un gulag mediterráneo. La publicación del libro contribuyó sobremanera a resolver los problemas de credibilidad que todavía acusaba el PCE.

El Kremlin se mostró escandalizado por las críticas a la Unión Soviética que descubrió en la obra.

Aquel mes de junio, Carrillo lideraría su partido en las primeras elecciones democráticas celebradas en España desde 1936. Su voluntad de sacrificar un provecho inmediato para consolidar el proceso democrático fue visible durante la campaña. Pronunció discursos por toda España, en ocasiones hasta tres diarios. Su fuego no se concentró ni en la Unión de Centro Democrático de Suárez ni en los rivales inmediatos del PCE, el Partido Socialista Obrero Español, sino en la Alianza Popular neofranquista de Fraga. Aquello fue un error, ya que evocaba los recuerdos de la Guerra Civil. Con el fotogénico Felipe González a la cabeza, el PSOE proyectaba una imagen mucho más dinámica que la combinación de Carrillo, La Pasionaria y los demás veteranos regresados recientemente a los que dio prioridad en las listas electorales del PCE. Ese fue uno de los motivos por los que, el 15 de junio de 1977, el PCE recibió solo 1.634.991 votos, un 9,2 por ciento del total, lo cual lo situaba en tercera posición tras la UCD de Suárez (35 por ciento) y el PSOE (29 por ciento). Carrillo se convirtió en miembro del Congreso de los Diputados. Aquel era un logro considerable, pero el secretario general ya había dejado atrás su cénit.

 

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El PSOE, además de aprovechar enormemente la parálisis parcial del PCE mientras este aguardaba su legalización, utilizó su amplia financiación para transmitir una imagen izquierdista más positiva, y parecía haber cosechado injustamente los frutos de la larga pugna del PCE por la democracia.

Los partidos que no fueron legalizados y que por consiguiente no se pudieron presentar a las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977 fueron los republicanos. Bajo el pretexto de “ser contrario a la forma de estado”, el Ministerio de Gobernación encabezado por Rodolfo Martín Villa -para quien hoy se pide la imputación dentro de la causa penal contra el franquismo en Argentina- finiquitó las aspiraciones de partidos como Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Republicana Democrática Española a participar en el proceso político que definiría el futuro del país. Serían legalizados más tarde una vez celebradas las elecciones y aprobada la Constitución.

 

 

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