Ley del Divorcio de 1932

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La primera Ley del Divorcio en España fue aprobada, tras largos debates, el 25 de febrero de 1932 por las Cortes de la II República española, con 260 votos a favor y 23 en contra. Impulsada por el entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, se trataba de una consecuencia directa del artículo 43 de la Constitución Española de 1931 en el que se señalaba que el matrimonio podía disolverse: “La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa”.

La Ley  tuvo una gran trascendencia social, se adelantó a la sociedad española y situó a nuestro país, como pocas veces ha ocurrido, a la altura de Europa, con uno de los textos más progresistas de los que habían visto la luz hasta entonces. En la fecha de entrada en vigor de la Ley, 2 de marzo de 1932, solo había dos países europeos que aún no habían regulado el divorcio: Italia y Portugal. De hecho la Ley del divorcio de 1932 se adoptó como modelo en muchos países europeos que contemplaban un modelo de familia que no correspondía con la realidad social.

Esta ley fue producto de la voluntad del Gobierno de la República de secularizar el Estado y la atención especialísima que se venía prestando desde el primer momento al matrimonio y a su estructura jurídica. Se trataba, por una parte, de romper con todo el sistema de prejuicios sociales e imposiciones confesionales y, por otro lado, de posibilitar una moral familiar diferente, más acorde con la mentalidad moderna y laica que inspiraba todo el sistema republicano

A favor de la totalidad del proyecto de ley intervinieron los diputados Juan Simeón Vidarte, del partido socialista, y César Juarros, de la Derecha Liberal Republicana. También apoyaban el proyecto la prensa de tendencia izquierdista y los partidarios de las ideas que dominaban en los países considerados más progresistas de Europa.

Entendían que la razón determinante del contrato matrimonial no puede ser otra que el amor y que, desaparecido éste, los contrayentes han de disponer de medios legales para disolver una sociedad que ya no tiene sentido. Frente a este criterio liberal, la Iglesia opone el suyo, que es calificado como «inhumano, reaccionario e injusto». Cuando esta ley de divorcio quede incorporada a la legislación de la República —concluía el artículo—, se culminará una etapa importante de las Cortes Constituyentes; en pocos meses estas Cortes «habrán estructurado una de las constituciones más liberales del mundo».

Contra el proyecto se pronunció en primer lugar el diputado y canónigo de Zaragoza S. Guallar, haciéndose eco de la doctrina católica tradicional sobre el divorcio. En realidad, y tal como hicieron notar algunos diputados, esta forma de abordar el problema significaba una puesta en cuestión de la procedencia del divorcio, más que una discusión de la ley propuesta como desarrollo del artículo 43 de la Constitución. En efecto, el propósito de Guallar y de los diputados que apoyaban su punto de vista era presentar a la Cámara una síntesis de la doctrina católica sobre el matrimonio a fin de destacar su incompatibilidad radical con los nuevos planteamientos que estaban prevaleciendo en España.

Era lógico que, apoyándose en la doctrina pontificia, reafirmada por los obispos españoles, comentada y difundida por los intelectuales católicos, la posición de los diputados conservadores fuera idéntica a la mantenida durante los debates acerca de la constitucionalización del divorcio. Por otra parte, coincidiendo con la presentación del proyecto de ley y con el desarrollo de los debates, en la prensa de tendencia conservadora se hacía también una campaña en contra del divorcio, paralela a otra de signo contrario protagonizada por los partidos de izquierda. Para el diario conservador El Correo Catalán, por ejemplo, la prisa de las Cortes en aprobar la ley de Divorcio se debía a «servilismo a dictados de la masonería, enemiga y corruptora de toda sociedad y pueblo cristiano».

Otra voz crítica del proyecto de ley de divorcio que se hizo oír con fuerza en la Cortes fue la del diputado vasconavarro J. M. Leizaola. Su argumentación culminaría con la afirmación de que las exigencias de la sociedad son exactamente las mismas que las exigencias de nuestra fe católica . En efecto, el interés de su intervención consistía en examinar las consecuencias sociales que iban a seguirse de la implantación del divorcio en España, apoyando sus reflexiones con datos concretos tomados de otros países de Europa (aumento de la criminalidad en general y de la delincuencia juvenil en particular, desintegración de la familia, relación entre la vigencia del divorcio y el número de suicidios, etc.).

Es de destacar pues, la estrechez de horizontes de los grupos conservadores, que se limitaron prácticamente a repetir de forma abreviada la doctrina católica tradicional y las enseñanzas pontificias. No se planteó siquiera la posibilidad de que la autoridad civil pudiera llegar al reconocimiento de los casos de ruptura irrecuperable de una comunidad matrimonial, a través del divorcio vincular, como algo no lesivo de lo que ellos entendían por «bien común».

En 1936, el índice de divorcios en España era de 165 divorcios por cada mil matrimonios, es decir, un índice muy bajo. Por tanto, se puede afirmar que «la Ley del Divorcio no dio lugar a una crisis del matrimonio o de la institución familiar tal como habían advertido algunos de sus adversarios. Al contrario, el uso moderado que se hizo de la nueva legislación parece confirmar el argumento de quienes lo enfocaban desde la perspectiva de una institución social que había de fortalecer la familia y el matrimonio, al actuar como válvula de seguridad para ratificar la situación de estos matrimonios irremediablemente rotos, e incluso permitir establecer las condiciones necesarias para emprender una nueva experiencia matrimonial».

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