Manuel de Irujo Ollo

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El 1 de enero de 1981 moría el mítico nacionalista vasco y piadoso católico Manuel de Irujo Ollo. Durante la Segunda República fue diputado y durante la guerra sería ministro sin cartera en el gobierno de Largo Caballero y ministro de Justica en el de Negrín. Tras la guerra le esperarían 40 años de exilio, hasta su retorno a su tierra en 1977.

Es de resaltar su humanidad y su firme compromiso con el orden, la legalidad y la justicia.

A mediados de octubre de 1936 hizo un llamamiento desesperado para que prevalecieran los valores humanos detrás de las líneas de combate.

…”he puesto, en una palabra, todo mi empeño en que el Gobierno de la República democrática y todos los antifascistas en general den la sensación de que es nuestro país de carácter generoso y de ideas elevadas. Tengo la seguridad de que cada atentado contra la vida ajena es mucho más pernicioso que una batalla; más se pierde en un crimen que con una derrota”.

Defensor de la libertad de conciencia y de las prácticas religiosas, promovió la  expedición de salvoconductos y carnés de identidad a sacerdotes y religiosos, e invirtió esfuerzos para restablecer el derecho a practicar la liturgia. Irujo creó el Negociado de Confesiones Religiosas y consiguió que se diera la primera misa pública en la Delegación de Euskadi en Valencia, el 15 de agosto de 1937 y se abriera la primera capilla en Barcelona.

Recordaba posteriormente que la quinta columna intentó  boicotear dicha iniciativa extendiendo el rumor de que la iglesia estaba desconsagrada y que cualquiera que fuera sería excomulgado, se dieron cuenta de que con las iglesias abiertas perderían una de sus principales armas propagandísticas contra el gobierno republicano.

 

En el nuevo gobierno nombrado a mediados de 1937, Negrín eligió a Julián Zugazagoitia ministro de gobernación por su firme compromiso con el restablecimiento de la ley y el orden que unido a la elección de Irujo como ministro de justicia, se aseguraba de que no hubiera juicios moscovitas.

En julio de 1937, poco después de ser nombrado ministro de justicia, Manuel de Irujo emprendió ciertas investigaciones sobre lo ocurrido en Paracuellos, incluso llego a abrir diligencias judiciales para aclarar cuál había sido el papel de Carrillo en los hechos. Además Irujo encargó a Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo, el anteproyecto de un decreto para juzgar los crímenes cometidos desde el comienzo de la guerra hasta ese momento (abarcaría todas las muertes extrajudiciales).

Tras el asesinato de Andreu Nin, Irujo garantizó que sería el último trotskista español asesinado.

Mientras los rusos seguían cometiendo este tipo de abusos clandestinos, Negrín y su gobierno no cejaban en su empeño por normalizar las funciones estatales en el mantenimiento del orden público y la justicia.

A finales de junio de 1937 se creó el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, que reflejaba la firmeza de Negrín ante los desacatos a la autoridad del Estado. Sin embargo mantenía su rechazo a cualquier tipo de represión arbitraria como la que se practicaba en la zona franquista. Irujo se aseguró de que el Tribunal estuviera compuesto por jueces imparciales y honestos.

Muchos militantes de base del POUM estaban en la cárcel, furiosos por hallarse en compañía de fascistas y saboteadores, a pesar de no estar imputados formalmente; entre ellos había antiestalinistas extranjeros, una de ellos era la esposa de Kurt Landau, Katia, que había sido arrestada por una brigada especial que seguía órdenes rusas. Tras la desaparición de Kurt Landau, Katia exigió una investigación judicial. Cuando las autoridades fueron incapaces de aclarar la suerte de su esposo, encabezó una huelga de hambre que siguieron 500 reclusas en la cárcel de mujeres de Barcelona.

Irujo  visitó a Katia en el Hospital General donde convalecía tras la huelga de hambre, y la convenció de que los juicios de los presos serían limpios y causó en ella la impresión necesaria para que desconvocara la huelga.

Cuando Irujo envió abogados y jueces a cada prisión con los documentos apropiados, recibieron el aplauso de los presos, que vieron en ellos a sus garantes contra las ilegalidades estalinistas.

El papel de las autoridades españolas en todo lo concerniente al caso Landau, particularmente que saliera la demanda de su mujer reclamando una investigación y el impacto que la huelga de hambre causó, marcaba un notable contraste con los procedimientos en la zona rebelde, donde a duras penas se habría podido convocar esa clase de protestas, puesto que en 1938 los presos apenas recibían alimentos que rechazar y, de haberlo hecho, a nadie le habría importado y mucho menos a un ministro.

En nombre de la ley este ministro de Justicia liberó a cientos y cientos de agentes fascistas arrestados y fascistas camuflados. Junto con Zugazagoitia hizo lo imposible por salvar a los trotskistas y sabotear los juicios contra ellos, haciendo todo lo posible por absolverlos.

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