Discurso de Jimenez de Asúa sobre la cuestión religiosa en Cortes

El Sr. JIMENEZ DE ASÚA: Señores Diputados: En su reunión de esta mañana, la Comisión parlamentaria de Constitución acordó, por mayoría de votos, modificar el dictamen en la forma que antes se ha leído. Los representantes de la minoría socialista en la Comisión hemos acordado mantener el antiguo dictamen como voto particular y someterlo a la deliberación y votación de la Cámara.

La exquisita elegancia con que se produjo en España la revolución, sacando de las urnas municipales la República, ha dejado intactos sin número de problemas que ahora tenemos que resolver en el Parlamento. Por eso no me parecía justa una interrupción del Sr. Alba cuando afirmaba que la causa de las discusiones y debates prolongados residía en que esta Comisión parlamentaria había traído a la Constitución una serie de materias debatidas y todavía no cristalizadas. No se olvide que si el pueblo se mantuvo en esa actitud elegantísima, en los días que siguieron a la proclamación de la República, fue, sin duda, porque esperaba que sus representantes llenasen la Constitución de las ansias populares, realizando desde aquí, de un modo pacífico, una revolución que, de otro modo, hubiera sido peligrosa en las calles .

Pero todavía se da otro fenómeno que quiero recoger. Ha sorprendido a muchos el resultado de las elecciones que han constituido este Parlamento, y es que se produce en las masas españolas un evidente y muy marcado sesgo hacia la izquierda; es decir, que se proyecta y desplaza la opinión pública española hacia una izquierda neta y característica. Uno de estos problemas que se encuentra planteado el Parlamento y que, necesariamente, ha de resolver, es la cuestión religiosa. Esta  cuestión ha surgido del fondo del ánima española y se ha situado en primer plano, y no ha sido, ciertamente, culpa nuestra. En la memoria de todos está la manera como los representantes de la lglesia se adscribieron al sostenimiento de la Dictadura y dieron con esto -ya venían dándolo desde antes -un carácter político a una actuación que debió quedar sometida al fuero íntimo. No es, por tanto, culpa de los españoles de avanzada y de izquierda que se haya situado ahora en un plano importantísimo la cuestión religiosa y que tengamos, necesariamente, que resolverla.

Es una cuestión que, como ya veremos más adelante, tiene tan penetrante fuerza-porque repercute en toda la vida social española-, que llega hasta la intimidad de los hogares. Yo voy a postular el antiguo dictamen con ligeras modificaciones y quiero argumentar lo más brevemente posible en defensa de él; pero deseo, ante todo, deshacer un prejuicio que ha venido flotando en esta Cámara: el de que el antiguo dictamen, hoy voto particular, era de persecución a la lglesia; más concretamente, que era de persecución a los católicos.

No olvidemos que el art. 25 del proyecto de Constitución establece la libertad de cultos y, por consecuencia, no pretende sojuzgar las conciencias y obligar a las gentes a que dejen de pensar en católico, si así to sienten desde el fondo de sus espíritus. Voy a examinar algunos de los puntos en que se han apoyado los que piensan que hay en el proyecto de Constitución, una tendencia persecutoria. Se ha querido ver en el art. 68 de la Constitución un prejuicio contra la lglesia, puesto que se prohíbe que puedan ser los eclesiásticos  Presidentes de la República; pero conviene no olvidar que tampoco se permite que lo sean los militares, y que en el art. 52 se prohíbe que estos puedan ser Diputados, y, en cambio, no hay obstáculo alguno para que puedan serlo los eclesiásticos.

Lo que ha querido hacer el dictamen en ese art. 68 es establecer la supremacía del poder civil y no consentir en modo alguno que pueda llegar a la Presidencia de la República, a la más alta representación del Estado, nadie que no pertenezca al poder civil, venga del poder militar o venga del poder eclesiástico .

Otro punto que se ha alegado como significativo de ese sentido persecutorio es el laicismo en la enseñanza. En esta materia quiero razonar con un poco más de extensión.

El sistema que permite a las Congregaciones religiosas la enseñanza ha traído, al contrario de lo que se ha pensado, una gran perturbación en la intimidad de los hogares. Es frecuente que el hombre de “psiquis” avanzada case con mujer de espíritu retrógrado, y como el hombre español es por demás dado al Ágora, lo que ha solido hacer es entregar en manos de sus mujeres, a cambio de un tácito pacto de libertad, la dirección de la enseñanza de sus hijos, y estos hijos han ido consignados a los colegios religiosos, donde han sufrido una deformación de sus espíritus, merced a vehementes exhortaciones para que no vieran en la opinión política avanzada de sus padres más que una verdadera enfermedad del espíritu .

Hemos presenciado fenómenos insólitos, inéditos en otros países, como el caso de padres que, incluso, han desempeñado altísimas magistraturas en la primera República, y cuyos hijos, por influencia de la mujer, se han convertido en partidarios de la Defensa social.

Y hemos visto como los hijos de hombres que en el antiguo Congreso han -mantenido ideas y criterios de sentido avanzado se han educado en colegios religiosos, e incluso después han formado en las filas de los llamados estudiantes católicos. Por eso precisamente, por esa razón de la paz del hogar, nosotros hemos hecho la enseñanza laica.

Otro tercer punto en el que se ha querido ver ese carácter persecutorio es en el divorcio. Yo quedo asombrado de pensar que hay quien se oponga a una medida que el Estado establece única y exclusivamente para el aspecto civil del matrimonio, porque los católicos no precisan que haya un precepto en la ley civil obligatorio para su bautismo, y así, de igual manera, podrán hacer la propaganda intensa en las conciencias de sus fieles, para que si están casados por la Iglesia en forma de sacramento y matrimonio indisoluble no disuelvan más tarde, acogiéndose a la ley civil, su matrimonio por divorcio. No hay, pues, sentido persecutorio en el dictamen antiguo, hoy voto particular. No lo hay, aun cuando tal vez en la conciencia de los hombres liberales españoles debiera vivir siempre, sino un resentimiento, si un verdadero sentimiento contra la política que ha estado haciendo la Iglesia de un modo constante en España ; porque, aun hoy mismo, a pesar de que altas autoridades eclesiásticas parece que han circulado por el ámbito español la orden de que sus subordinados se sometan a los principios del Estado republicano, no faltan algunos párrocos de aldea que estén circulando entre sus fieles verdaderos libelos, en los cuales se (llama canallas a los republicanos, por querer establecer una República de tipo laico, por querer establecer la separación de la Iglesia y el Estado. (Un Sr. Diputado: ¿Qué párrocos?) Muchos; ya le daré la hoja a S. S. (Rumores).

Es evidente, aun cuando se niega de adverso, que la Iglesia española ha estado haciendo política, esa política que ha tenido para los que somos universitarios y conocemos el problema a fondo, una de sus más demostrativas significaciones en la formación de Ios llamados estudiantes católicos, porque en un país como España, en que hasta ahora estaba establecida como religión oficial del Estado la católica, eran oficialmente católicos todos, y no podía tener ninguna significación la Federación de Estudiantes católicos, más que era el sentido en que se formó, para ejercer una presión universitaria, para dividir el ánima universitaria, para ponernos constantemente en conflictos y dificultades en que nada tenía que ver la religión y si todo la política . (Muy bien).[…]

 

Pasemos al problema de la amortización. Don Fernando de los Ríos demostró, también de manera absolutamente incuestionable, que este problema de la amortización estaba totalmente zanjado y que la Iglesia nada podía ya exigir, por haber recibido más, ni por razón de intereses ni por razón de capital; pero tanto este aspecto de los bienes de la Iglesia como el de las Órdenes religiosas, ha de ser más tarde afrontado. No solo circuló como una de las opiniones de la Cámara, sino que parece ser que se ha llevado al nuevo dictamen, la posibilidad de prestar un auxilio económico, en forma compensatoria, a los antiguos eclesiásticos que percibían sueldo del Estado.

En este punto puede manejarse el argumento de los militares ; pero, en puridad, no son términos análogos, porque el Ejercito es un servicio oficial del Estado y cuando este separa a los funcionarios del mismo les deja ya en absoluto sin función y tiene de alguna manera que proveer a sus necesidades, en tanto que, al separarse la Iglesia del Estado y dejar la Iglesia de ser un servicio público, son los propios fieles de la Iglesia los que pueden-y deben-proveer a esa necesidad ; y una Iglesia que, según se dice, es profesada por la generalidad de los españoles, por la gran parte de los españoles, debe mantener económicamente a estos hombres, que son los servidores de esa Iglesia en que ellos creen; y si, en efecto, los católicos españoles son ricos-muchos de ellos son de la más característica plutocracia-, es incuestionable que no es posible que pidan al Estado que sea  quien sostenga esos servicios, o mejor dicho, que de esas pensiones en compensación, porque en estos instantes en que las gentes en paro forzoso están pidiendo pan, no podemos dar el ejemplo de sostener nosotros, los que no profesamos la religión católica, un servicio que sólo a los católicos interesa.

Y vamos a entrar ahora en el problema de las Órdenes religiosas. Es probable que el párrafo tercero del primitivo dictamen no sea afortunado en su redacción: a mí me convencieron los argumentos de D. José Ortega y Gasset cuando afirmaba que, una vez efectuada la disolución, quedaría ese precepto muerto, arrastrándose en la Constitución, en la que ya no tenía nada que hacer. Por eso es por lo que, al convertir en voto particular el primitivo dictamen, afirmamos que “no se permite en territorio español el establecimiento de Órdenes religiosas; que las existentes quedaran disueltas y que el Estado nacionalizara sus bienes”.

Alegaba el Sr. Gil Robles, querido compañero nuestro de Comisión, que no es posible, en nombre de la libertad, cercenar así la de aquellos que quieran dar a su persona un fin para la otra vida; pero obsérvese, en primer término, que los católicos que se recluyen en Órdenes monásticas de tipo contemplativo se substraen a ese precepto que ha fijado la Constitución en su art. 1. °, según el cual la República española es una República de trabajadores. El antecedente, por otra parte, puede hallarse en el art. 5. ° De la Constitución mejicana, en la cual no se permite que por voto religioso ni por contrato de otra índole, pueda privarse un sujeto de su propia libertad.

No voy a, traer aquí el debatido tema de los derechos innatos o adquiridos. Lo que si podemos afirmar es que, como decía D. Miguel de Unamuno en una ocasión, nadie puede tener el derecho de suicidarse, y añadimos que tampoco tiene nadie el derecho a cercenar, a renunciar a su propia libertad. Por esta razón es por lo que pretendemos la disolución de todas las Órdenes religiosas. Obsérvese, además, hasta qué punto ha llegado el crecimiento de esas Órdenes. En datos recentísimos del Instituto Estadístico nos encontramos con que hay en España 81 .162 religiosos de uno y otro sexo (20.467 varones y 60.695 mujeres) y 4.886 conventos[…]

Ha circulado también por la Cámara, y ha sido objeto de alguna enmienda, la idea de que, si bien se disuelvan las Comunidades religiosas, sean exceptuadas aquellas que se destinen a fines de beneficencia, o más concretamente, como me parece que dijo el Sr. Hurtado, a fines hospitalarios.

Yo quisiera a este respecto hacer un llamamiento a algunos de los médicos que pertenecen a esa Cámara. La mayor parte de estas Órdenes religiosas llevan una perturbación a la conciencia de los enfermos; en los últimos momentos se suele realizar, como si estas Órdenes religiosas tuvieran una finalidad política de caciquismo, una captación del alma del agonizante haciéndole en esos momentos que reciba los auxilios espirituales, cuando toda su vida ha mantenido una conducta perfectamente laica.

También saben los médicos que pertenecen a esta Cámara que las religiosas y los religiosos que asisten a los enfermos-y ello probablemente influido por su propio criterio de la salvación del alma-tratan de muy distinto modo a aquellos que profesan la religión católica y hacen ostentación hipócrita de ella, que a aquellos otros que mantienen su laicismo. (Muy bien).

Yo he tenido ocasión en mi ejercicio profesional de ver cómo se han conducido las monjas que cuidan de las presas en la cárcel de mujeres y he visto, lo que no me ha acaecido jamás en ninguna otra cárcel, aun cuando haya estado regentada en la época de la Dictadura por aquellos mas adscritos al dictador, he visto y tenido que estar dando quejas al propio director de la cárcel, que no se me dejaba comunicar con unas procesadas, que eran cuatro señoritas, con motivo de aquel famoso asunto de haber segado la cabeza en bronce del rey, de una manera secreta y tenían que estar siempre presentes unas monjas, infringiendo así los preceptos procesales .

Se nos dice que es difícil sustituir de golpe por el Estado ese servicio hospitalario; pero, concretamente, invoco el autorizado parecer del Sr. Sanchís Banús, si está en la Cámara, para que nos diga si esa asistencia hospitalaria de las Órdenes religiosas no suele tener en modo alguno un sentido técnico y científico y si únicamente el de un servicio, que fácil, que rápidamente puede ser sustituido sin más que hacer un llamamiento general a gentes que vengan a suplirlas.

 Y vamos al aspecto de los bienes. Acaso uno de los extremos del antiguo dictamen, hoy voto particular, que más ha conmovido en la Cámara es el de la nacionalización de los bienes de esas Órdenes religiosas, y por eso quiero enfocar aquí jurídicamente el asunto.

Hasta ahora, la lglesia católica, apostólica, romana, era la religión del Estado: en consecuencia, se ejercía por el Clero un verdadero servicio público, y es natural que los bienes que estaban afectos a ese servicio público fueran de dominio público. Exactamente igual ocurre con las Órdenes religiosas, que estaban en España conforme al Concordato ; las demás Órdenes religiosas en una situación indecisa, se hallaban en España bajo el amparo de la tercera, que figuraba “indeterminada” en el Concordato de la lglesia y el Estado ; pues bien, si gozaban también de ese mismo privilegio, es obvio que sus bienes debieran estar también afectos a ese mismo servicio público ; pero ahora resulta que al declarar que el Estado y la Iglesia son dos entidades distintas, se desafectan esos bienes, y al desafectarse, ¿cuál es la posición que estos deben tener? ~ ¿Retornarlos a la propiedad privada? Es obvio que no, porque esos bienes son bienes mostrencos y, por to tanto, propiedad del Estado: por eso, al nacionalizar los bienes, no se realiza robo alguno ni despojo de ninguna clase, sino que se practica una teoría netamente jurídica. . . (El señor Leizaola: Los han comprado dos o tres veces.) Me alegro mucho que me interrumpa el señor Leizaola, porque, precisamente, cuando el Estado computó en la desamortización, esos bienes, que eran de dominio público, todavía lo hizo dando más a la lglesia que lo que debía darle. (El señor Leizaola: Luego han venido y los han comprado.)

El Sr. PRESIDENTE (de la Cámara): Señor Leizaola, esas discusiones están bien en el seno de la Comisión, pero no aquí. Además, debo advertir al Sr. Jiménez de Asúa que en su intervención evite las alusiones personales, que sabe que no están consentidas por el Reglamento. Quiero decir que si S. S. alude a algún Sr. Diputado, este, reglamentariamente, se encuentra en la imposibilidad de contestar. El Sr. JIMENEZ DE ASÚA: Creo que no he aludido a nadie. Todavía quiero responder a una legítima preocupación del Sr. Presidente del Consejo, cuando preguntaba en que situación quedaban las riquezas y templos de la Iglesia y si iban a ser sostenidos por los fieles. Precisamente, según la doctrina que acabamos de sentar, si esos bienes son de dominio público es evidente que no serán los católicos y sus sacerdotes quienes los mantengan y realicen las obras precisas para conservar nuestro tesoro artístico, sino el propio Estado. Nadie en la Comisión, de los que hemos redactado ese dictamen y los que ahora lo convertimos en voto particular, pensamos que quienes han administrado tan mal esos bienes, que quienes los han vendido al extranjero, que quienes han hecho comercio de ellos los puedan sostener . (Muy bien, muy bien.)

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