Elecciones de 19 noviembre de 1933 y el Bienio Negro

Elecciones 1933

Tras las elecciones de 19 de noviembre de 1933, los débiles cimientos de una República progresista en lo social fueron destruidos sin piedad al servirse la derecha de su victoria para restablecer las relaciones de opresión anteriores a 1931. Fueron las primeras elecciones de la historia de España en las que pudieron votar las mujeres; sin embargo es injusto atribuir  la derrota electoral de la izquierda a este hecho, la hipotética manipulación de la voluntad de la mujer por sus maridos y confesores no fue un factor determinante (como se probaría en las elecciones de 1936), las causas decisivas fueron otras.

Los socialistas habían cometido el tremendo error de rechazar una alianza electoral con las fuerzas republicanas de la izquierda, perdiendo así la ventaja que el sistema electoral habría podido ofrecerles. Llegaron a creer que las elecciones carecían de validez real. Los socialistas obtuvieron 1 627 472 votos, sin duda más de lo que ninguna otra formación política en solitario habría podido obtener. Con este número de sufragios consiguieron 58 diputados, frente a los 116 que poseían en 1931, mientras que el Partido Radical, con solo 806 340 votos, obtuvo 104 escaños. Según cálculos de la Secretaría del PSOE, la derecha unida contaba con un total de 212 escaños y 3 345 504 votos, mientras que la izquierda fragmentada había obtenido 99 escaños con 3 375 432 votos. Era muy difícil digerir que a la derecha le bastaran poco más de 16 000 votos para obtener un escaño en el Parlamento, mientras que a la izquierda cada escaño le costaba más de 34 000. Pero esto no alteraba el hecho de que el factor determinante del resultado fuera un error táctico de los socialistas, que no supieron aprovecharse de un sistema electoral que favorecía claramente a las coaliciones.

Aun así, los socialistas tenían razones de más peso para rechazar la validez de las elecciones. Estaban convencidos de que en el sur se había producido un fraude electoral. En los pequeños municipios, donde la única fuente de empleo estaba en manos de uno o dos hombres, era relativamente fácil obtener votos mediante promesas de trabajo o amenazas de despido. Muchos trabajadores al borde de la indigencia vendían su voto por comida o por una manta.

En Almendralejo (Badajoz), el marqués de la Encomienda distribuyó pan, aceite de oliva y chorizo entre los vecinos. En numerosos pueblos de Granada y Badajoz, quienes asistían a los mítines de la izquierda eran apaleados por los guardias de las fincas bajo la mirada impasible de la Guardia Civil. Los nuevos gobernadores civiles nombrados por los radicales de Lerroux dejaban el control del «orden público» en manos de matones a sueldo de los terratenientes. A veces con la colaboración activa de la Guardia Civil, otras veces con su simple aquiescencia, lograban intimidar a la izquierda.

En la provincia de Granada, la campaña de Fernando de los Ríos y otros candidatos tuvo que soportar violentas agresiones. En Huéscar fue recibido por una descarga de fusilería, mientras que en Moclín un grupo de derechistas apedreó su coche. Los caciques locales de Jerez del Marquesado contrataron a matones, los armaron y los emborracharon. Fernando de los Ríos tuvo que cancelar el mitin allí previsto al ser advertido de la existencia de un plan para atentar contra su vida.

En Bujalance, la Guardia Civil arrancó los carteles de propaganda izquierdista. En Montemayor, Encinas Reales, Puente Genil y Villanueva del Rey, la Guardia Civil impidió a los candidatos socialistas y comunistas que pronunciaran sus discursos electorales. La víspera de las elecciones hubo un atentado contra el líder socialista moderado Manuel Cordero. En Quintanilla de Abajo (Valladolid), los trabajadores se manifestaron en contra de un mitin fascista; la Guardia Civil los registró y, cuando uno de ellos declaró que sus únicas armas eran sus manos, le rompieron los dos brazos a culatazos.

En la provincia de Badajoz, donde la tasa de paro rozaba el 40 por ciento y muchos de sus habitantes casi se morían de hambre, fue imposible evitar que la campaña electoral estuviera marcada por la violencia. En un plazo relativamente breve, la diputada socialista Margarita Nelken había cosechado una inmensa popularidad al expresar con rotundidad su honda preocupación por los trabajadores y sus familias, lo que la convirtió en blanco de los ataques de la derecha. Sus discursos en la provincia de Badajoz, siempre apasionados y recibidos con calurosas ovaciones, eran suspendidos por la autoridad local o interrumpida por los alborotadores.

El principal oponente de Nelken, el radical Rafael Salazar Alonso, más entregado que nunca a la defensa de los intereses de los terratenientes, salpicaba de insultos sexuales los ataques a la diputada socialista. Un matón conocido como «Bocanegra» fue liberado de prisión, supuestamente a instancias de Salazar Alonso, para apalear a Nelken, a otro candidato socialista, Juan Simeón Vidarte, y a Pedro Vallina, el médico anarquista exiliado en Siruela, al norte de la provincia, y muy querido por el pueblo. Vidarte fue víctima de otros dos intentos de asesinato, uno de ellos en Fuente de Cantos y el otro en las afueras de Arroyo de San Serván (Badajoz). En Hornachuelos (Córdoba), la Guardia Civil ordenó formar a las mujeres a punta de pistola y las amenazó para que no votaran. En Zalamea de la Sierra (Badajoz), los derechistas abrieron fuego contra la casa del pueblo al grito de «¡Viva el Fascio!», y mataron a varios trabajadores.

El fraude fue significativo: votos comprados, intimidación de los votantes, votos repetidos por simpatizantes de la derecha que llegaban en camiones abarrotados, y «extravío» de urnas en las localidades favorables a la izquierda. La consecuencia fue que el PSOE solo obtuvo los tres escaños asignados al bloque minoritario en la provincia: los de Margarita Nelken y sus compañeros socialistas Pedro Rubio Heredia y Juan Simeón Vidarte.

El uso de urnas de cristal, sumado a la amenazadora presencia de los matones contratados por los caciques, impidió el secreto del voto en todos los municipios del sur.

En algunas provincias, principalmente en Badajoz, Málaga y Córdoba, el ajustado margen de la victoria derechista justificaba las sospechas de irregularidades en el proceso electoral. Por otro lado, en nueve pequeños municipios granadinos el triunfo de la derecha ascendió a un inverosímil ciento por ciento, mientras que en dos alcanzó el 99 por ciento y en otros veintiún pueblos, osciló entre el 84 y el 97 por ciento. El ministro de Justicia, Juan Botella Asensi, presentó su dimisión después de las elecciones en protesta por el fraude electoral. Pero los terratenientes del sur lograron restablecer las relaciones de dependencia casi feudales que constituían la norma antes de 1931.

 

Bienio Negro

Tras la victoria electoral cosechada en noviembre de 1933, la derecha pasó a la ofensiva.

La salida del líder socialista Largo Caballero del Ministerio de Trabajo dejó a los trabajadores desprotegidos. En Jaén, por ejemplo, el nuevo gobernador civil, del Partido Radical, hizo caso omiso de los acuerdos previos sobre condiciones laborales negociados por los Jurados Mixtos. En el caso del turno riguroso (la estricta rotación de los parados), se dejó a los patronos plena libertad durante la recogida de la aceituna para contratar solo a los trabajadores más baratos y no sindicados, de tal modo que muchas familias acababan famélicas. El agravamiento de la situación intensificó las presiones de las bases sobre los dirigentes sindicales para pasar a la acción, principalmente en la agricultura, la industria del metal y la construcción, sectores ampliamente representados en el seno de la UGT. En las zonas rurales del sur, la tasa de desempleo era muy superior a la de las zonas industriales. En Jaén, Badajoz y Córdoba, las provincias más afectadas, el porcentaje de paro superaba la media nacional en un 50 por ciento. Cuando los terratenientes empezaron a pasar por alto la legislación social y a tomar represalias por sus sinsabores durante los dos años anteriores, la situación empeoró todavía más.

En abril de 1934, el desempleo afectaba a un total de 703 000 personas. A finales de 1933, Largo Caballero respondió al malestar de las bases sindicales con declaraciones revolucionarias que no pasaban de ser retóricas. Sin embargo, el hecho de que no tuviera un plan concreto para la sublevación no disminuyó los temores que sus declaraciones provocaron en las clases medias, a lo cual se sumó la creciente determinación de la CNT de recurrir a la violencia revolucionaria.

La magnitud del odio social acumulado en Córdoba puede deducirse del siguiente testimonio de Juan Misut, un izquierdista de Baena:

“Aquellos señores que se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros, por no sentar precedente, que era tanto como «salirse con la suya».

En Baena hubo un señorito que metió el ganado en sus siembras por no pagar las bases a los segadores … Un cura que tenía labor, cuando venía al pueblo el zagal del cortijo a por aceite, le hacía bollos al cántaro de hojalata, para que cupiese menos aceite … Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos tenían el poder, la influencia (aun con la República) y el dinero; nosotros … sólo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar … pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace de los hombres fieras”.

El agresivo celo con que los terratenientes aprovecharon las ventajas que les ofreció la victoria electoral, combinado con el miedo al fascismo, tuvo un efecto inmediato en las bases socialistas. Según Largo Caballero, delegaciones de trabajadores acudieron a Madrid desde las provincias para pedir al Comité Ejecutivo del PSOE que organizara una contraofensiva. Los socialistas empezaron a comprender que no solo peligraba la legislación republicana sino también su propia integridad física, ante la posibilidad de un golpe fascista.

El 16 de diciembre, Lerroux formó gobierno con el apoyo parlamentario de la CEDA. Tres días más tarde, Gil Robles hacía una declaración pública en las Cortes, en la cual explicaba que, a cambio de sus votos, esperaba amnistía para los condenados a prisión por el alzamiento militar de agosto de 1932, así como una revisión en profundidad de la legislación religiosa por parte de las Cortes Constituyentes. Lo que más alarmó a la izquierda fueron sus exigencias de derogación de las reformas mejor acogidas por los campesinos sin tierra, las leyes de términos municipales y de laboreo forzoso, así como la introducción de la jornada laboral de ocho horas y la creación de los Jurados Mixtos. Gil Robles exigió asimismo la reducción de las tierras sujetas a expropiación según el Proyecto de Ley de Reforma Agraria y rechazó el concepto de entregar las tierras a los campesinos. La izquierda reaccionó con pánico al oírle manifestar su intención de llegar a ser presidente del Gobierno y cambiar la Constitución.

Indalecio Prieto, en su turno de réplica, dejó bien claro que la legislación que Gil Robles proponía derogar era precisamente uno de los principales logros de la República. Amenazó con que los socialistas no dudarían en defender a la República desencadenando la revolución frente a lo que llamó «ambiciones dictatoriales» de Gil Robles. En este intercambio ya se observa la simiente de los violentos disturbios de octubre de 1934.

El abrumador dilema al que se enfrentaban los socialistas lo expuso Fernando de los Ríos cuando visitó a Azaña el 2 de enero de 1934 en busca de consejo. El relato que Azaña hace de la entrevista es sumamente revelador:

“Me hizo relación de las increíbles y crueles persecuciones que las organizaciones políticas y sindicales de los obreros padecían por obra de las autoridades y de los patronos. La Guardia Civil se atrevía a lo que no se había atrevido nunca. La exasperación de las masas era incontenible. Los desbordaban. El Gobierno seguía una política de provocación, como si quisiera precipitar las cosas. ¿En qué pararía todo? En una gran desgracia, probablemente. Le argüí en el terreno político y en el personal. No desconocía la bárbara política que seguía el Gobierno ni la conducta de los propietarios con los braceros del campo, reduciéndolos al hambre. Ni los desquites y venganzas que, en otros ramos del trabajo, estaban haciéndose. Ya sé la consigna: «Comed República», o «Que os dé de comer la República». Pero todo eso, y mucho más que me contara, y las disposiciones del Gobierno, y la política de la mayoría de las Cortes, que al parecer no venía animada de otro deseo que el de deshacer la obra de las Constituyentes, no aconsejaba, ni menos bastaba a justificar que el Partido Socialista y la UGT se lanzasen a un movimiento de fuerza”.

Azaña le respondió categóricamente a De los Ríos que los líderes socialistas tenían el deber, aun a riesgo de perder su popularidad, de convencer a sus seguidores de que la insurrección sería una locura.

De los Ríos dio cuenta de esta conversación al Comité Ejecutivo del PSOE. Azaña estaba en lo cierto: el discurso de los líderes socialistas era una provocación irresponsable. Sin embargo, ante la intransigencia de los patronos, cuesta entender cómo podían pedir paciencia a sus bases.

De toda Andalucía y Extremadura llegaban informes de las provocaciones a los trabajadores por parte de los terratenientes y de la Guardia Civil. El nuevo gobierno designó a varios gobernadores provinciales de tendencia conservadora en el sur; la consecuencia fue un rápido incremento de la «brutalidad preventiva» de la Guardia Civil. Se burlaba la ley con la más absoluta impunidad.

En Fuente del Maestre, Fuente de Cantos, Carmonita y Alconchel (Badajoz) era la Guardia Civil la que se encargaba de castigar a los trabajadores hambrientos cuando los sorprendían «haciendo la rebusca» de aceitunas y bellotas.

En muchos otros municipios de Badajoz, Jaén y Córdoba, los terratenientes desoyeron las leyes de rotación del trabajo entre los registrados en la bolsa de empleo local. Solo contrataban a los que habían votado por la derecha, mientras que a los miembros de la FNTT, el principal sindicato rural, les negaban sistemáticamente el empleo. En Almendralejo, y a pesar del desempleo masivo en la localidad, se trajeron de fuera 2000 trabajadores para la recogida de la uva y de la aceituna.

A quienes se resistían a romper el carnet del sindicato se les negaba el trabajo. El boicot de los patronos y el famoso «Comed República» o «Que os dé de comer la República» se diseñaron para restablecer las formas de control social anteriores a 1931, así como para garantizar que no volviera a repetirse la amenaza reformista del primer bienio republicano.

En Priego de Córdoba, una delegación de afiliados de la FNTT que llevaban cuatro meses en paro solicitó la intervención del alcalde. El regidor respondió que «él no podía dar trabajo ni obligaba a nadie a que lo diera; que el que quisiera trabajar se arrodillase delante de los señoritos». Los salarios habían caído un 60 por ciento. El hambre alimentaba la desesperación al tiempo que el odio se extendía por ambos lados de la fractura social, y el problema no era exclusivo del sur del país. Un oficial de la FNTT de Villanueva del Rebollar (Palencia) escribió: «La situación política que atravesamos motiva una reacción en los patronos que se han envalentonado y creen que nos van a poder aniquilar. Pero están equivocados, pues estamos dispuestos a defendernos como sea y contra quien sea … Tengan cuidado con sus insensateces cuantos caciques nos rodean, que nuestra paciencia se agota». La ejecutiva de la FNTT había enviado varias peticiones al nuevo ministro de Trabajo, Ricardo Samper, para que se cumpliera la legislación social vigente. Una delegación acudió a visitarlo el 8 de diciembre. De nada sirvió.

A finales de diciembre se presentó en las Cortes un proyecto de ley para la expulsión de los campesinos que habían ocupado tierras en Extremadura el año anterior. La tercera semana de enero se revocó temporalmente la Ley de Términos Municipales. La CEDA presentó varias propuestas de mutilación de la reforma agraria de 1932, en las que se reducía la cantidad de tierra susceptible de ser expropiada y se estipulaba la devolución de las propiedades confiscadas a los que habían participado en el alzamiento militar de agosto de 1932. Los socialistas no ocultaban su preocupación ante la creciente evidencia de que la CEDA estaba creando archivos de trabajadores en todos los pueblos, con abundantes detalles sobre sus actividades «subversivas», es decir, sobre su afiliación a un sindicato. Los choques entre los braceros y la Guardia Civil aumentaban día a día.

En palabras del periódico socialista FNTT:

«Los patronos deliberadamente están asesinando de hambre a miles de hombres y a sus familias por el solo delito de querer humanizar un poco sus vidas desgraciadas. Quien siembra vientos… A puñados, a voleo se están sembrando en España semillas de tragedia. Que nadie se extrañe, que nadie se queje, que nadie se escandalice y proteste mañana, si esos vientos provocan una tempestad de sangre».

La derogación de la Ley de Términos Municipales, inmediatamente antes de la fecha prevista para iniciar la cosecha, permitió a los patronos contratar mano de obra gallega y portuguesa en detrimento de los trabajadores locales. Las defensas del proletariado rural se derrumbaban a toda velocidad ante la ofensiva de la derecha. El último vestigio de protección con que aún contaban los jornaleros de izquierdas para conservar su trabajo y su salario se lo proporcionaba la mayoría socialista en numerosos pueblos y ciudades. La única esperanza para los trabajadores del campo era que los alcaldes socialistas obligaran a los propietarios a cumplir con la legislación social o que los ayuntamientos financiaran obras públicas para generar algún puesto de trabajo.

Cuando los radicales llegaron al poder en las elecciones de noviembre de 1933, se realizó el primer intento de acabar con estos alcaldes. El primer ministro de la Gobernación nombrado por Lerroux, Manuel Rico Avello, destituyó a 35 regidores socialistas. Salazar Alonso expulsó a muchos más, generalmente con pretextos tan endebles como la existencia de «irregularidades administrativas», que en muchos casos eran las deudas heredadas de sus predecesores monárquicos. En cuanto hubo tomado posesión del cargo, en respuesta a las peticiones de los caciques locales, ordenó a los gobernadores provinciales que destituyeran a los alcaldes «donde no se tuviera confianza en el alcalde para el mantenimiento del orden público», con lo que por lo común se refería a los socialistas. Invocando el artículo 7 de la Ley de Orden Público, se sustituía al alcalde legítimamente elegido por un «delegado gubernativo» designado a dedo, que solía ser un conservador local.

Al alcalde de Fuente de Cantos, el socialista Modesto José Lorenzana Macarro, se lo conocía por su humanidad y por los esfuerzos realizados para mejorar el municipio, principalmente en lo relativo al abastecimiento de agua. Sin embargo, se elogiaba ante todo su decisión de emplear los fondos municipales para comprar comida con que aliviar el hambre de las familias sin trabajo. En junio de 1934, esa decisión sirvió para que fuera acusado y destituido por uso indebido de fondos públicos.

La derecha no podía estar más complacida con Salazar Alonso. El 7 de marzo declaró el estado de alarma y cerró las sedes de las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista y la CNT. Su enérgica actuación mereció el aplauso de Gil Robles, quien manifestó que, mientras el ministro de la Gobernación siguiera defendiendo así el orden social y fortaleciendo el principio de autoridad, el gobierno tendría garantizado el apoyo de la CEDA. Diversos artículos aparecidos en El Debate pusieron de manifiesto que estas palabras se referían a la imposición de severas medidas contra la «subversión» de los trabajadores en protesta por los recortes salariales.

Cuando la prensa de la CEDA exigió la abolición del derecho de huelga, el gobierno de Lerroux anunció una represión implacable de las huelgas que tuvieran implicaciones políticas. Para la prensa de derechas, al igual que para Salazar Alonso, todas las huelgas eran políticas. El 22 de marzo, El Debate calificó los paros de camareros en Sevilla y de transportistas en Valencia como «huelgas contra España», al tiempo que exigía una legislación antihuelga similar a la de la Italia fascista, la Alemania nazi, la de Portugal y la de Austria. El gobierno reforzó su arsenal represivo incrementando el número de efectivos de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto y restableciendo la pena de muerte.

Pese a la evidencia de que el gobierno estaba tomando medidas muy duras contra la violencia tanto en las ciudades como en el campo, la retórica de Onésimo Redondo, cofundador de las  Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, se radicalizó todavía más. No parecía contentarse con que la derecha hubiera recuperado el poder en las elecciones de noviembre de 1933, y tampoco le bastaban los esfuerzos de Salazar Alonso. En 1934 escribió:    “¡Preparad las armas! Aficionaros al chasquido de la pistola, acariciad el puñal, haceros inseparables de la estaca vindicativa. Donde haya un grupo antimarxista con la estaca, el puñal y la pistola o con instrumentos superiores, hay una JONS. La juventud debe ejercitarse en la lucha física, debe amar por sistema la violencia, debe armarse con lo que pueda y debe decidirse ya a acabar por cualquier medio con las pocas decenas de embaucadores marxistas que no nos dejan vivir”.

La debilidad de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista impulsó a Onésimo Redondo y al otro cofundador, Ramiro Ledesma Ramos, a buscar aliados de mentalidad afín.

Esto se tradujo, a mediados de febrero de 1934, en la fusión de las JONS con Falange Española, el pequeño partido fascista liderado por el aristócrata José Antonio Primo de Rivera. El acuerdo conocido como el Pacto de El Escorial, alcanzado por José Antonio Primo de Rivera con los carlistas de Comunión Tradicionalista y los monárquicos de Renovación Española, vinculó a la Falange con grupos implicados en una conspiración militar contra la República. La prontitud con que los monárquicos financiaron a la Falange obedecía a su utilidad como instrumento de desestabilización política.

Aunque la violencia era cada vez más común en la política española durante la década de 1930, ningún partido superó a la Falange en su retórica de «el plomo y la sangre», «la música de pistolas y el tambor bárbaro de plomo». La descripción del asesinato político como un acto de belleza y de la muerte en la lucha como un martirio glorioso fueron elementos fundamentales en las exequias fúnebres que, emulando a los Squadristi de la Italia fascista, se sucedieron cuando los falangistas comenzaron a participar en actos de vandalismo callejero.

La desesperación de los jornaleros hambrientos ante la arrogancia y la insensibilidad de los terratenientes desencadenó pequeños actos vandálicos. Llevados por la impotencia y la frustración, los campesinos lanzaron piedras contra los casinos y sus miembros en distintas localidades. A nadie extrañó que la ejecutiva de la FNTT comunicara finalmente a la UGT que no podían seguir resistiendo las presiones de sus bases, que exigían el paso a la acción. Cualquier otra cosa significaba condenar a los trabajadores a salarios de hambre, persecución política y cierre patronal. Al tiempo que El Obrero de la Tierra declaraba que «Toda España está siendo Casas Viejas», el 28 de abril la FNTT apelaba al ministro de Trabajo para remediar la situación, por el sencillo procedimiento de exigir el cumplimiento de las leyes en vigor.

Al ver que no se hacía nada, el Comité Nacional se reunió los días 11 y 12 de mayo y convocó la huelga para el 5 de junio.

Los centros de reunión de los trabajadores se cerraron por decreto y un gran número de ayuntamientos fueron disueltos, principalmente en Cáceres y Badajoz, para ser sustituidos sus cargos electos por alcaldes y concejales designados por el gobierno. La huelga fue casi total en Jaén, Granada, Ciudad Real, Badajoz y Cáceres, y tuvo un seguimiento importante en numerosos puntos del sur. En muchos pueblos de Jaén y Badajoz se produjeron choques violentos entre los huelguistas y los «fijos y pagaos», los guardas armados de los grandes latifundios y la Guardia Civil. Pese a todo, ni allí ni en otras provincias menos conflictivas pudieron impedir los huelguistas que los propietarios, con la protección de la Guardia Civil, contrataran a trabajadores llegados principalmente de Galicia y Portugal.

Las casas del pueblo no volvieron a abrirse, y la FNTT quedó paralizada a efectos prácticos hasta 1936 tras sufrir una derrota aplastante en una batalla desigual.

Lo cierto es que, en todo el campo español, el reloj había vuelto a la década de 1920, por obra y gracia de Salazar Alonso. Se acabaron los sindicatos rurales, la legislación social o la autoridad municipal que pusiera coto a la dominación de los caciques. La CEDA no podía estar más satisfecha, al tiempo que Salazar Alonso se convertía en uno de los hombres más odiados de España.

Gil Robles era consciente de que la dirección socialista de Largo Caballero vinculaba concretamente su amenaza de revolución a la entrada de la CEDA en el gobierno. Sabía también que, gracias a Salazar Alonso, la izquierda no estaba en posición de secundar ninguna sublevación revolucionaria. La intensa actividad policial desmanteló en el curso del verano la mayor parte de los preparativos de un comité revolucionario descoordinado y requisó la mayoría de las armas que la izquierda había logrado reunir. Gil Robles reconoció más tarde que esperaba con impaciencia su entrada en el gobierno, precisamente por la reacción de los socialistas. «Más pronto o más tarde habíamos de enfrentarnos con un golpe revolucionario. Siempre sería preferible hacerle frente desde el poder, antes de que el adversario se hallara más preparado».

También Salazar Alonso era consciente de que la incorporación de la CEDA al gobierno sería el detonante de la acción revolucionaria en las filas socialistas y justificaría la represión que asestara al socialismo el golpe definitivo.

El 11 de septiembre, cuando surgieron importantes diferencias en el Consejo de Ministros, Salazar Alonso propuso declarar el estado de guerra con el objetivo de provocar el estallido de la huelga revolucionaria.

La crónica que Salazar Alonso publicó sobre su participación en estos hechos decía así: «El problema era nada menos que iniciar la ofensiva contrarrevolucionaria, para acabar con el mal». No se trataba únicamente de aplastar la inmediata tentativa revolucionaria, sino de asegurarse de que la izquierda no volviera a levantar cabeza.

Poco después, Gil Robles admitió que era consciente de las intenciones de provocación de Salazar Alonso y que además las compartía. Sabía que los socialistas reaccionarían con violencia ante lo que considerarían un intento por instaurar una dictadura al estilo de Dollfuss. Y sabía, igual que Salazar Alonso, que las posibilidades de que la revolución triunfara eran muy remotas.

“Yo tenía la seguridad de que la llegada nuestra al poder desencadenaría inmediatamente un movimiento revolucionario … y en aquellos momentos en que veía la sangre que se iba a derramar me hice esta pregunta: «Yo puedo dar a España tres meses de aparente tranquilidad si no entro en el gobierno. ¡Ah!, ¿pero entrando estalla la revolución? Pues que estalle antes de que esté bien preparada, antes de que nos ahogue”.

El 26 de septiembre, Gil Robles pasó a la acción al emitir un comunicado en el que declaraba que, a la vista de la «debilidad» con que el gobierno afrontaba los problemas sociales, y con independencia de cuáles fueran las consecuencias, era preciso formar un gobierno sólido con la participación de la CEDA. En un sinuoso discurso pronunciado en las Cortes el 1 de octubre, con la pretensión retórica de estar motivado por el deseo de estabilidad nacional, Gil Robles lanzó una amenaza inconfundible: «Nosotros tenemos conciencia de nuestra fuerza, aquí y fuera de aquí». Tras la inevitable dimisión del gabinete, el presidente Alcalá Zamora confió a Lerroux la tarea de formar un nuevo gobierno y reconoció que la participación de la CEDA era ineludible, si bien confiaba en que su representación gubernamental se limitara a un solo Ministerio. Gil Robles insistió en que fueran tres, a sabiendas de la provocación que entrañaban sus exigencias.

Los socialistas tenían sobradas razones para temer que el nuevo gabinete pudiera reforzar la determinación de Salazar Alonso de imponer un régimen reaccionario. Téngase en cuenta que durante 222 de los 315 días de gobierno radical, hasta finales de julio, el país había vivido bajo la declaración de estado de alarma, lo que implicaba la suspensión de las garantías constitucionales. De los 93 días en que hubo normalidad constitucional, 60 correspondieron al período electoral de finales de 1933. La censura, las multas y los secuestros de publicaciones, la limitación del derecho de reunión y asociación, la declaración de la mayoría de las huelgas como ilegales, la protección de las actividades fascistas y monárquicas, el recorte de los salarios y el desmantelamiento de los ayuntamientos socialistas libremente elegidos se percibieron como un «régimen de terror blanco». Tales eran las políticas que Gil Robles, en su discurso del 1 de octubre, había calificado de débiles. Resultaba imposible no colegir que su intención era imponer medidas aún más represivas.

Convencido de que las bravatas revolucionarias disuadirían a Alcalá Zamora de invitar a la CEDA a incorporarse al gobierno, el comité revolucionario de Largo Caballero no se preparó para tomar el poder. Las magras «milicias revolucionarias» carecían de liderazgo nacional y de organización local. Justo antes de la medianoche del 3 de octubre, cuando llegaron rumores al comité de que la CEDA se había sumado al gobierno, Largo Caballero se negó a creerlos e insistió en que no debían emprender la acción revolucionaria. Cuando la veracidad de la noticia no pudo seguir ignorándose, Largo concluyó, muy a su pesar, que debía poner en marcha la anunciada revolución.

A lo largo de 1934, los líderes del PSOE y de la CEDA se habían enzarzado en una guerra táctica. Gil Robles, con el respaldo de Salazar Alonso, disfrutó de la posición más sólida y supo explotarla con habilidad y paciencia. Los socialistas, por su relativa debilidad, empezaron lanzando amenazas de revolución y terminaron abocados a llevarlas a cabo. Los resultados fueron catastróficos.

Las intenciones de los socialistas con los sucesos que comenzaron la mañana del 4 de octubre de 1934 eran limitadas y defensivas. Su objetivo era defender el concepto de República desarrollado entre 1931 y 1933 frente a lo que percibían como ambiciones corporativistas de la CEDA. La entrada de la CEDA en el gobierno fue seguida de una proclamación de República independiente en Cataluña que duró diez horas, de una desganada huelga general en Madrid y del establecimiento de una comuna obrera en Asturias. Con la excepción de la revuelta asturiana, que resistió por espacio de dos semanas los violentos combates con las Fuerzas Armadas gracias al terreno montañoso y a la pericia de los mineros, la tónica dominante del «Octubre» español fue su falta de entusiasmo. Ninguno de los hechos ocurridos a lo largo de ese mes, ni siquiera los de Asturias, indicaba que la izquierda hubiese preparado la sublevación a conciencia. Lo cierto es que, en tanto se lograba resolver la crisis, los líderes socialistas se esforzaron por contener el ardor revolucionario de sus seguidores.

Tras la insurrección de Octubre, la represión se recrudeció más aún, la persecución a la izquierda, en general, alcanzó sus cotas más altas; la izquierda republicana y socialista era consciente de la necesidad de recuperar el poder en una próxima contienda electoral y salvar la República, era capital concurrir a las próximas elecciones unidos, a diferencia de las anteriores. De este modo se fraguaría el llamado Frente Popular.

 

Fuente: El holocausto Español, de Paul Preston

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