Efeméride de la muerte de Luis Jiménez de Asúa

El 16 de noviembre de 1970 moría en Buenos Aires (Argentina) Luis Jiménez de Asúa, un jurista extraordinario, un prestigioso catedrático de Derecho penal, un ilustre y comprometido político socialista y un feminista hasta las últimas consecuencias.

Nació en Madrid en 1889 en el seno de una familia muy católica. Sin embargo, ya desde pequeño manifestó un carácter rebelde y algo anticlerical.

Jiménez de Asúa fue siempre un estudiante brillante. En 1905 acabó el Bachillerato con la calificación de Sobresaliente y cuatro años después acabaría sus estudios de Derecho en la Universidad Central, con veinte años de edad, con la calificación final de Sobresaliente.

En 1911, mientras preparaba su tesis doctoral, dio clases en la Academia Politécnica Matritense, dirigida por don Isidro Naharro. Allí explicó Derecho penal y otras asignaturas jurídicas y donde, al parecer, se despertó y gestó su vocación por la docencia. Dos años después, defendió su tesis doctoral que llevaba por título El sistema de penas determinadas a posteriori en la ciencia y en la vida.

Entre los años 1913 y 1914 fue becado por la Institución Libre de Enseñanza, con la que viajó a Suiza, Francia, Alemania y Suecia. En Ginebra, en la cátedra del profesor Gautier, estudió a fondo el Proyecto de Código Penal de la Confederación Helvética, que más adelante sería aprobado en aquel país. Siguió las enseñanzas de los más ilustres penalistas de la época.

En 1918 obtiene, por oposición y con toda brillantez, la cátedra de Derecho Penal en la Facultad correspondiente de la Universidad Central de Madrid.

Pero el 30 de abril de 1926, durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, fue suspendido de empleo y sueldo por decreto del Consejo de Ministros por “venir excitando los ánimos contra el Gobierno, difamando su obra en el ejercicio de su cargo”. Sería detenido y desterrado a la isla de Chafarinas sin limitación de tiempo. En 1928 se le abrió expediente a causa de algunas ideas proferidas en la conferencia “Libertad de amar y derecho a morir” que impartió en la Universidad de Murcia. En ella propugnaba el amor libre y la reducción voluntaria de la maternidad.

En 1927 se había iniciado en la Masonería con el nombre simbólico de Carrara.

En 1929 renunció a su cátedra y se le dio de baja en el escalafón de catedráticos, como protesta por la política de la dictadura del general Primo de Rivera. Afirmó entonces que creía “incompatible con la serena función de catedrático el régimen de violencia que el Gobierno inicia contra los centros de enseñanza”. Un año después fue reintegrado en su cátedra de Derecho penal de la Universidad Central y en el Escalafón.

En 1931 ingresó como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tras la proclamación inmaculada de la II República española el 14 de abril de 1931, fue elegido diputado a Cortes en las Cortes Constituyentes de la República Española (1931-1933), en representación de la provincia de Granada, en las elecciones constituyentes celebradas el 28 de junio de aquel año.

Durante todo el periodo republicano ejerció como diputado en las Cortes, participando activamente en la promulgación de leyes y en los debates parlamentarios, donde sus intervenciones dejaron impronta de sus altos conocimientos jurídicos y políticos, tal y como se puede apreciar a través del estudio del Diario de Sesiones del periodo republicano.

Las elecciones a Cortes Constituyentes supusieron una contundente victoria de los partidos que formaban el Gobierno Provisional.

Las Cortes eligieron a los 21 miembros de la Comisión de Constitución que iban a redactar el proyecto de Constitución que debatiría la Cámara, fue una Comisión heterogénea, en la que se hallaban representados todos los grupos de la Cámara, y estuvo presidida por Luis Jiménez de Asúa.  Éste presentaría la Constitución española de 1931 con un brillante discurso, que hizo las veces de Preámbulo, en el que acabó diciendo “hacemos una Constitución de izquierdas, y esta Constitución va directa al alma popular. No quiere la Comisión que la compuso que el pueblo español, que salió a la calle a ganar la República, tenga que salir a ganar su contenido. Por eso, porque es una Constitución democrática, liberal, de un gran contenido social, la Constitución que os ofrecemos es conservadora, (…) conservadora de la República”.

Esta Comisión compuso la ley fundamental para la República española en tan sólo veinte días (se tardó 3 meses y medio en hacer la Constitución alemana de 1919, por poner un ejemplo). El 9 de diciembre se promulgó la Constitución republicana, una de las más democráticas y progresistas de nuestra historia. Una espléndida Carta Magna que contenía lo máximo a lo que se podía llegar por la vía del reformismo en la España de la época en términos de políticas sociales y avances democráticos.  Algunas de sus memorables conquistas ni siquiera las hemos recuperado hoy día. Pero, como diría Jiménez de Asúa, “si la República no hubiera venido para mudarlo todo, no merecería la pena haberla traído”.

Desde 1932 dirigió el Instituto de Estudios Penales de Madrid. Suprimida la Comisión General de Codificación se creó la Comisión Jurídica Asesora, que Asúa presidió después de haber encabezado la subcomisión de Derecho penal, integrada entre otros por José Antón Oneca, Mariano Ruiz Funes, Niceto Alcalá-Zamora Castillo y Arturo Rodríguez Muñoz, que realizaron los trabajos que dieron lugar al Código de 1932. El nuevo Código penal republicano pretendía adaptar el viejo código de 1870 a los valores democráticos de la Constitución de la II República. Se trató de humanizar y dotar de mayor elasticidad al nuevo código, acabar con la discriminación femenina que había latido en los anteriores e introducir mejoras técnicas y corregir errores.  Las características más señaladas del Código de 1932 fueron la supresión de la pena de muerte y de las penas perpetuas, la supresión de la responsabilidad objetiva, la ampliación de las eximentes de enfermedad mental y estado de necesidad, la reducción de las agravantes, la inclusión en el mismo de la condena y la libertad condicional, la supresión del delito de adulterio y del duelo, la abolición del famoso artículo 438, en que se reconocía en favor del marido, en casos de uxoricidio o lesiones por causa de adulterio, una excusa absolutoria o una atenuación especialísima,  y la creación de otros nuevos delitos, como el delito de usura, el daño en cosa propia de utilidad social y las estafas más graves.

Con Mariano Ruiz Funes corrigió el proyecto gubernativo de la Ley de Vagos y Maleantes (1933) y, aunque reconoció los estados peligrosos sin delito, sometió las medidas de seguridad a la aplicación jurisdiccional con sus correspondientes garantías. Una ley que fue modificada y pervertida por el régimen franquista para perseguir a los homosexuales.

Tras los sucesos de octubre de 1934 (que siempre rechazó), fue abogado defensor en la causa abierta contra algunos de los acusados por la insurrección, entre ellos el mismo Largo Caballero (del que consiguió su absolución por falta de pruebas). También intervendría más adelante como abogado defensor en la causa contra algunos miembros de la Generalitat, entre ellos Lluis Companys.

Fue elegido diputado a Cortes en las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, por la candidatura del Frente Popular, con un total de 122.639 votos. Fue nombrado vicepresidente primero de la Mesa interina y de la Mesa definitiva de esas Cortes.

El 12 de marzo de ese mismo año, al salir temprano de su casa en la calle Goya nº 24 y dirigirse a la Universidad, sufrió un atentado. Un grupo de cuatro falangistas desde un automóvil realizó 36 disparos con una pistola ametralladora, intentando asesinarle. Logró salvar la vida ocultándose en una carbonería en la calle Velázquez. Salió ileso, pero en el atentado falleció el policía que lo custodiaba, Jesús Gisbert.

El 8 de abril juzgaron a los responsables por el asesinato de Gisbert y el intento de asesinato de Jiménez de Asúa. Al cabecilla, Alberto Ortega, lo sentenciaron a veinticinco años de prisión, y a sus dos cómplices a seis años cada uno. La cúpula de Falange tomó la decisión de atentar contra el juez, Manuel Pedregal, a modo de represalia; el 13 de abril lo asesinaron, para que sirviera de advertencia a los jueces en futuras causas contra los falangistas

El estallido de la Guerra de España no supuso un menoscabo del compromiso de Jiménez de Asúa con el régimen democrático republicano. La guerra le sorprende en Estocolmo, y tras ponerse al servicio de la República, fue nombrado Encargado de Negocios de la Legación de Praga, donde finalmente fue oficializado como ministro plenipotenciario de la República Española, cargo que ejerció desde octubre desde octubre de 1936 hasta agosto de 1938. En dicha legación se encargó de obtener armas para la República y de crear un Servicio de Inteligencia que operó en una gran cantidad de países europeos.

La caída de Checoslovaquia en manos nazis supuso la vuelta de Jiménez de Asúa a Barcelona, donde, tras ponerse a disposición del gobierno republicano, fue destinado a Ginebra para desempeñar el cargo de representante español en la Sociedad de Naciones, cargo que ocuparía hasta el final de la guerra.

Franco, por su parte, ya estaba ejecutando su plan de exterminio contra todos los que se opusieron a su rebelión y defendieron la legitimidad del gobierno republicano. El despiadado general, en una entrevista con motivo del primer aniversario del golpe militar, dijo: «El Movimiento Nacional no ha sido nunca una sublevación. Los sublevados eran, y son, ellos: los rojos».

El absurdo de estas declaraciones quedó subrayado por el propio Jiménez de Asúa, cuando describió la acusación como una «rebelión a la inversa», por cuyo «delito» el acusado recibiría «una sentencia en viceversa». El ministro de la Gobernación de Franco, Ramón Serrano Suñer, la calificaría a posteriori de ser «la justicia al revés». Jiménez de Asúa comentó: «No creemos que sea posible un viceversa más curioso, que sólo podría psicológicamente explicarse por la proyección de culpabilidad».

El decreto promulgado por la Junta de Defensa Nacional formada por los militares rebeldes el 13 de septiembre de 1936, según el cual se ilegalizaban todos los partidos políticos, sindicatos y organismos sociales que hubieran apoyado al Frente Popular y se hubieran opuesto a las fuerzas del Movimiento Nacional, contribuyó a formalizar los preceptos iniciales de la represión. El decreto ordenaba la confiscación de todos los bienes, efectos y documentos, así como edificios y otras propiedades de dichas entidades. Además, el decreto ordenaba una purga de los empleados públicos, funcionarios y maestros de escuela que hubieran colaborado en las instituciones republicanas. Se establecieron tribunales especiales para determinar quiénes podrían seguir ejerciendo su profesión. El coste humano de esta iniciativa fue colosal.

Jiménez de Asúa no fue una excepción. Quedó privado de su cátedra y en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas fue expropiado de todos sus bienes.

Al acabar la guerra en 1939 se trasladó a vivir a París. Llegó a Buenos Aires el 8 de agosto de aquel año en el vapor Mar del Plata, procedente de Bélgica. Impartió clases en la Universidad de La Plata, contando por entonces con 50 años.

En 1940 la Universidad de La Plata lo incorporó a su claustro de profesores como Profesor extraordinario. Allí será nombrado director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos y del Instituto de Criminología. En La Plata desarrolló una significativa tarea docente.

Dio clase allí hasta noviembre de 1946, fecha en que renunció a su plaza en solidaridad con otros profesores argentinos que dimitieron a causa de las injerencias del Gobierno peronista en los asuntos universitarios.

Al caer el Gobierno de Juan Domingo Perón, en La Argentina, en septiembre del año 1955, regresó a las tareas universitarias. Fue contratado por la Facultad de Derecho de la Universidad de El Litoral (Santa Fe, Argentina). Allí fundó el Instituto de Ciencias Penales y Criminología, encargándose además de los cursos Derecho Penal I y II.

Sin embargo, el 5 de agosto de 1966 renunció a su puesto en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en protesta por el golpe de estado del general Onganía, junto con otros profesores de la Facultad de Derecho. La brutal Noche de los bastones largos que padecieron profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y la intervención de la Universidad de Buenos Aires, lo había llevado nuevamente a renunciar. Así, reiteraba en Buenos Aires, veinte años después, el mismo gesto que había tenido en La Plata.

Y, otra vez, este ilustre maestro criminalista a quien la dictadura franquista le había arrebatado su cátedra universitaria y su biblioteca personal, que había enseñado en las por entonces cinco universidades nacionales de la Argentina, debía recomenzar su magisterio itinerante por todos los países de la América hispana, con excepción de la Nicaragua de Somoza y el Paraguay de Stroessner.

A lo largo de su ajetreada e itinerante vida como docente, fue nombrado doctor honoris causa por numerosas universidades latinoamericanas.

Fue autor de más de un centenar de publicaciones, sin contar trabajos menores y artículos de revista. Entre sus obras destacaron: La sentencia indeterminada (1913); Libertad de amar y derecho a morir: ensayos de un criminalista sobre eugenesia, eutanasia y endocrinología (1928); Psicoanálisis criminal (1940); El Criminalista (8 volúmenes, de 1941 a 1949) y su obra maestra Tratado de derecho penal (7 volúmenes), una majestuosa y descomunal obra con más de siete mil páginas en las que vierte todo el saber científico y legislativo del ámbito europeo e iberoamericano, y cuyo tomo primero apareció en la primera de sus cinco ediciones en 1950 y el séptimo en 1970, poco antes de fallecer. La obra recibió los halagos de toda la doctrina.

En relación a la ingente y valiosa obra de este insigne madrileño, el penalista brasileño Nelson Hungría diría: “si por una catástrofe atómica se perdieran los escritos sobre Derecho penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, las generaciones futuras no habrían perdido nada”. Una obra que, como consecuencia de su oposición al franquismo, fue escasa, o nulamente reconocida en una España que vivía su particular travesía por el desierto entre los años 1939 y 1975.

Se puede decir, sin duda alguna, que fue el penalista contemporáneo más importante de lengua española.

Mantuvo en todo su tiempo las relaciones académicas internacionales, desempeñando la vicepresidencia de la Asociación Internacional de Derecho Penal y como miembro del consejo de dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y de la Sociedad Internacional de Defensa Social.

A pesar de la imposición del régimen franquista por la fuerza de las armas en España, siempre defendió la legitimidad de la II República y asumió con honor y dignidad sus más altas magistraturas en el exilio. En 1945 presidió en México la última reunión de las Cortes de la República y, a la muerte de Diego Martínez Barrios en 1962, asumió la Presidencia de la República en el exilio hasta su muerte el 16 de noviembre de 1970.

 

• Fuentes utilizadas:

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/jasua

http://thesocialsciencepost.com/es/2016/10/luis-jimenez-asua-la-teoria-la-practica-2/

http://dbe.rah.es/biografias/13291/luis-jimenez-de-asua

El holocausto español, de Paul Preston

 

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